La batalla por Venezuela
por: John M. Ackerman
Solamente una persona totalmente desubicada podría creer el
fantasioso cuento de que la intervención extranjera en Venezuela es para
favorecer la democracia o defender los derechos humanos. La imposición de Juan
Guaidó por parte de Estados Unidos como presidente interino responde
exclusivamente a intereses políticos y económicos.
El reino de Arabia Saudita es una monarquía hereditaria y
confesional que viola de manera constante los derechos humanos de las mujeres y
los periodistas, pero goza del apoyo irrestricto de Washington y los poderes
europeos. Estados Unidos hoy es gobernado por un señor que recibió 3 millones
de votos menos que su contrincante en las elecciones de noviembre de 2016 y
viola continuamente los derechos de migrantes, pero nadie aboga por el
desconocimiento de su gobierno por la comunidad internacional.
De acuerdo con la Administración de Información Energética
de Estados Unidos, Venezuela cuenta con 302 mil millones de barriles, la
reserva probada de petróleo más grandes del mundo, más que Arabia Saudita,
Rusia o Irán. En un contexto global cada vez más competitivo y multilateral,
Washington está desesperado por recuperar el control sobre su patio trasero que
había sido amenazado con la llegada de gobiernos progresistas en esa región.
En Brasil se logró encarcelar a Luis Ignacio Lula da Silva e
imponer al neofascista Jair Bolsonaro. En Ecuador, Lenin Moreno fue cooptado
para traicionar el legado de Rafael Correa. En Argentina se maniobró para
lograr la victoria del ultraneoliberal Mauricio Macri. Y en Venezuela hoy se
recurre a un golpe de Estado blando para sacar a Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro recibió 6 millones de votos, 67 por ciento de
la votación, en las elecciones del 20 de mayo de 2018, aplastando al segundo
lugar, Henri Falcón, por casi 47 puntos porcentuales. Compitieron cuatro
candidatos y participó 46 por ciento del padrón electoral. La elección fue
organizada por el Consejo Nacional Electoral que aplicó los estándares
internacionales más avanzados en la materia. Aquella fue la segunda elección
presidencial ganada por Maduro. En 2013 también salió victorioso, con 7.5
millones de votos en un proceso muy competido contra Henrique Capriles.
Al autoproclamarse presidente interino, el parlamentario
Guaidó comete el delito de usurpación de funciones. Y al recibir un apoyo
millonario del gobierno de Estados Unidos, supuestamente para programas
humanitarios, también incurriría en el delito de traición a la patria.
Washington también planea entregar a Guaidó el control sobre las cuentas
bancarias de la empresa petrolera estatal CITGO para financiar su golpe de
Estado.
Es como si Bernie Sanders se autoproclamara presidente de
Estados Unidos y recibiera un financiamiento multimillonario de China para
comprar armas y lealtades. ¿O qué tal si el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador de repente confiscara los bienes del Banco Santander o de la petrolera
Repsol y los entregara a Pablo Iglesias como apoyo para su lucha por una
democracia verdadera en España?
Ahora bien, el ultimátum de los viejos poderes coloniales
como Inglaterra, España, Francia y Alemania para que se convoque a la brevedad
a nuevas elecciones en Venezuela no tiene lógica dentro de los sistemas
políticos presidenciales que rigen en las Américas. En nuestro continente, ni el
Poder Legislativo ni los partidos opositores están facultados para desconocer
unilateralmente al gobierno en turno o llamar a elecciones anticipadas.
Este tipo de acción sólo tiene sentido dentro de los
sistemas parlamentarios de Europa, donde es común anticipar elecciones para
salir al paso de las crisis políticas. Así que al querer forzar a Venezuela a
asumir la lógica de un sistema político ajeno, la intervención de Emmanuel
Macron, Angela Merkel, Pedro Sánchez y Teresa May resulta ser igual de agresiva
y extralegal que la de Donald Trump.
Además, Venezuela ya ha recurrido sistemáticamente al
mecanismo de elecciones anticipadas, al celebrar una Asamblea Nacional
Constituyente en 2017 y adelantar las elecciones presidenciales de 2018 como
resultado de las negociaciones celebradas con la oposición en República
Dominicana.
La digna posición de los gobiernos de México y Uruguay
implica una voz de cordura y de legalidad en la coyuntura actual. La Doctrina
Estrada se desarrolló precisamente con el fin de defender la soberanía de los
pueblos del sur frente a los embates imperialistas del norte, algo hoy más
vigente y necesario que nunca.
Si los mexicanos no hubiéramos derrotado en las urnas al
viejo régimen autoritario el pasado primero de julio de 2018, el gobierno
encabezaría hoy la intervención dictatorial en Venezuela. La Cuarta
Transformación no solamente implica un respiro de aire fresco para la
democracia mexicana sino también empieza a rendir frutos a favor de la libertad
y la independencia de los pueblos del mundo.
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