Conflicto en Honduras

En Hondura después que usaron los derechos humanos y la ONU de papel higiénico, ahora piden que intervenga....

AFP

Persiste conflicto en Honduras por destitución de cuatro magistrados

La crisis institucional en Honduras tras la destitución por parte del Congreso de cuatro magistrados de la Sala Constitucional hace tres semanas se reanudó este jueves, cuando decenas de manifestantes impidieron a dos de ellos ingresar al Poder Judicial, señalados por respaldar el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009.

El activista en favor de los derechos humanos Andrés Pavón y Antonio Baday, líder de pobladores pobres que exigen al gobierno tierras urbanas para construir viviendas, encabezaron el movimiento que denegó la entrada a los magistrados Gustavo Bustillo y Francisco Ruiz.

Pavón y Baday exigieron en un comunicado la separación de los restantes once magistrados de la Corte Suprema, de 15 jueces, que incluye a los cinco de la Sala Constitucional.

Solamente la jueza Rosalinda Cruz, del oficialista Partido Nacional, -contrario al de Bustillo y Ruiz, ambos del opositor Partido Liberal-, evadió el cerco y entró a su despacho, donde permaneció varias horas.

"Estamos siendo acosados y amenazados de muerte y nuestra situación es precaria", denunció Cruz en una rueda de prensa.

El otro juez despedido, José Gutiérrez Navas, está en La Haya, Holanda, gestionando la intervención de la Corte Penal Internacional en el conflicto de poderes en Honduras, según Cruz.

La tensión política comenzó a gestarse luego de que cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional fallaran contra la disposición legislativa de someter a los agentes de seguridad a pruebas antidrogas y al detector de mentiras como parte del proceso de depuración de la Policía Nacional, impulsado por el presidente de Honduras, Porfirio Lobo.

La depuración es un tema sensible en Honduras, considerado por la ONU como el país sin conflicto bélico más violento del mundo, donde hace un año se descubrió que cientos de oficiales estaban involucrados en el tráfico de drogas, los secuestros, el robo de autos y la extorsión.

Por su parte, Cruz dijo que pidió a Naciones Unidas que investigue el "golpe técnico" generado por su destitución, mientras que solicitó a la Relatora de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, Grabriela Knaul, que atienda "con urgencia" el caso.

"Fuimos destituidos de nuestros cargos en flagrante violación a la Constitución, a la Convención Americana de Derechos Humanos y a las demás convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las cuales Honduras es signataria", acusó Cruz.

En este sentido, la magistrada agregó que se les han violentado sus derechos a la "legítima defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a todas las demás garantías constitucionales".

El Congreso ya eligió a cuatro nuevos magistrados y el presidente del Poder Judicial, Jorge Rivera, retiró sus choferes y automóviles oficiales a los destituidos.

El abogado Fredín Fúnez, dirigente del izquierdista Partido Libertad y Refundación, (Libre), de Zelaya, sostuvo que "ni hoy ni después habrá una solución al conflicto que vive la Corte Suprema porque los magistrados no se dan por renunciados y desean continuar con su investidura y privilegios".

De su lado, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, solicitó en una conferencia prensa medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los cuatro afectados.

"La solución a la crisis de poderes la tenemos que encontrar los hondureños entre hondureños dentro de la institucionalidad y el cumplimiento de la ley", subrayó, sin embargo, Custodio.

El líder de la izquierdista Vía Campesina, Rafael Alegría, vaticinó a la AFP que "esta crisis entre poderes no ha empezado y se agudizará este año", e instó al gobierno a "buscar una pronta solución en aras de construir un mejor destino para la nación".

Lobo, con el propósito de frenar la crisis institucional, inició un diálogo el 14 de diciembre con los líderes de los poderes Legislativo y Judicial, así como con el fiscal general.